Elder José Arteaga Hernández está privado de la libertad como presunto responsable de coordinar el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, como presunto responsable de participar en el crimen de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en Medellín (Antioquia).
La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, fue atacada con arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento comercial del barrio El Poblado. Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el hombre recibió ocho heridas que le ocasionaron la muerte.
Alias El Costeño habría participado en la coordinación del homicidio del ciudadano extranjero en compañía de otras personas.
Las labores investigativas evidenciaron que un día antes de los hechos Arteaga Hernández se habría desplazado desde Bogotá a la capital antioqueña para coordinar las acciones previas al crimen.
En ese sentido, un fiscal de la Seccional Medellín imputó al procesado los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados y le fue impuesta una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario.
Arteaga Hernández se encuentra judicializado por su posible participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en la localidad de Engativá en Bogotá.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
