El procesado haría parte del grupo delincuencial La Firma que delinque en los municipios de Toro, La Unión, Roldanillo y Zarzal (Valle del Cauca).
Alias Cuso permanece privado de la libertad por su posible participación en otros dos homicidios colectivos, en los cuales ocho personas fueron asesinadas.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Faber Soto Pareja, alias Cuso, como posible partícipe del homicidio de tres personas, en hechos ocurridos el 15 de agosto de 2022 en el municipio de Toro (Valle del Cauca).
Según la investigación, el procesado haría parte del grupo ilegal La Firma que delinque en los municipios de Toro, La Unión, Roldanillo y Zarzal (Valle del Cauca).
El día de los hechos, varios hombres armados llegaron en motocicletas a un establecimiento comercial donde dispararon contra quienes allí departían. Tres personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas. Soto Pareja sería el conductor de uno de los vehículos en que los agresores huyeron.
Un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a ‘Cuso’ como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En la actualidad Soto Pareja permanece privado de la libertad en un centro carcelario, por su presunta participación en otros dos homicidios colectivos en los que ocho personas fueron asesinadas. En su contra también existe una condena de 38 años de prisión por homicidio agravado.
Esta información se pública por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/MAGA/CAM/DST/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
