La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio (Tolima), José Dayler Lasso Mosquera; y al secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en un contrato suscrito para la adquisición de unas llantas para una motoniveladora.

Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Asimismo fueron judicializados en calidad de intervinientes los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano, por los ilícitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando el mandatario municipal y el secretario, al parecer, se interesaron en provecho de un consorcio contratista, conformado por Durán Briñez y Zambrano Hernández, para contratar repuestos de maquinaria pesada por más de 33 millones de pesos, cuando la norma solo les permitía hasta 29.978.789 (mínima cuantía).

El material probatorio da cuenta de que la propuesta comercial, con cotizaciones irregulares, que habría sido elaborada por el secretario de planeación, era superior a otras dos propuestas presentadas, las cuales se ajustaban al costo real del mercado.

La Fiscalía evidenció que los valores en las cotizaciones habrían sido cambiados, además, una de las firmas no correspondía con la del proponente, quien tampoco presentó dicho documento ante la Alcaldía de San Antonio.

Fue así como el alcalde, encargado de hacer la invitación pública para el contrato de mínima cuantía, utilizaría las cotizaciones falsas para el trámite de todo el proceso contractual que finalmente le fue otorgado al consorcio en mención.

Por su parte, Durán Briñez, ejerció el rol de representante legal del consorcio, y como tal firmó todos los actos contractuales y precontractuales, mientras que Zambrano Hernández, entre otras actividades, fue el encargado de aportar documentos que sustentaron la supuesta experiencia del consorcio para proveer los elementos requeridos por la administración municipal.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

 

PAAM/LMFO/AMCJ/ACRB/DST

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.