Actividades investigativas coordinadas entre integrantes del CTI y la Policía Nacional permitieron la captura de los hoy procesados.
La Fiscalía General de la Nación en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, logró la captura de tres personas vinculadas con el homicidio de un dragoneante del Inpec ocurrido en mayo de este año en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Las Avenidas de Florencia (Caquetá).
Se trata de Brandon Camilo Diaz, Augusto Alejandro Olaya Flórez y Angie Stefany Arteaga Parra, quienes fueron detenidos mediante dos diligencias de registro y allanamiento en el barrio Ciudadela 21 y en el barrio La Gloria respectivamente, al término de la semana pasada.
La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones, ambos agravados. Ninguno de los capturados los aceptó.
Las actividades investigativas permitieron develar que Brandon Camilo Diaz Yara fue quien presuntamente disparó el arma mientras se movilizaba con otra persona en una moto en contra de la víctima.
Por su parte la pareja, al parecer, estuvo antes, durante y después de cometido el crimen haciéndole seguimiento y vigilancia a la víctima. Durante la captura de las tres personas se logró incautar un vehículo en que la pareja se movilizó ese día, ropa que según testigos, usaba Diaz Yara, y 10 teléfonos celulares.
Los dos hombres fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento restrictiva de la libertad mientras que la mujer quien demostró ser madre cabeza de hogar deberá seguir compareciendo al proceso.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/FAGH/DFM/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
