Entre los procesados se encuentra un funcionario de la Contraloría Distrital, un exrector educativo y un particular.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas que estarían involucradas en actos de corrupción en el sector educativo de Cartagena y El Guamo (Bolívar). Se trata de Iván de Ávila Castellón, funcionario de la Contraloría Distrital, Manuel de los Santos Cassiani, exrector de una institución educativa y el particular Edwin Antonio Acuña de Voz.

Una fiscal de la Unidad de Administración Pública les imputó de acuerdo con sus responsabilidades individuales los delitos de peculado culposo, abuso de confianza calificado y agravado, falsedad en documento privado; y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.

Los hechos están relacionados con las presuntas irregularidades cometidas en la desviación de unos recursos públicos que estaban destinados para el sector educativo en dos instituciones y se utilizaron con fines distintos a los establecidos normativamente.

La Fiscalía da cuenta de que entre 2018 y 2022 Acuña de Voz, quien prestaba sus servicios como apoyo contable en dos colegios, se habría apropiado de aproximadamente 200 millones de pesos que debitó de sus cuentas bancarias. La sustracción, al parecer, se realizó por descuido del exrector, quien le entregó las claves de acceso y dicha información está prohibida revelarla a un particular.

Por otra parte, se constató que Ávila Castellón, con ocasión de la auditoría que se realizó en una de las instituciones educativas, habría prestado asesorías jurídicas a quien era la contadora en ese entonces, recibiendo dinero por ello. En ese sentido, el imputado, como funcionario, estaba inhabilitado para asesorar, gestionar y litigar a cualquier persona.

 

 

 

 

 

MEVA/AMCJ/DC/RJGD/DSB

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.