Después de varios meses de seguimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron judicializadas tres personas que al parecer se encargaban comercializar estupefacientes en entornos escolares en Yopal (Casanare).
En un primer caso, fueron judicializados Leidy Juliana Hernández Ardila y Cristhian Calderón Velandia por ser presuntos responsables de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Por otra parte, a Jorge Leonardo Ramírez Suárez la Fiscalía le imputó los mismos delitos y, adicionalmente, el de receptación.
Los capturados aparecen junto a una mesa donde se exhiben los elementos incautados como drogas ilícitas, armas de fuego y traumática, dinero y elementos para la dosificación de las sustancias.
Los capturados fueron cobijados con medidas carcelaria en su contra por solicitud de la Fiscalía
En ambos casos se realizaron varias diligencias de allanamiento donde las autoridades incautaron bazuco, cocaína, un arma de fuego y otra traumática,  implementos para la dosificación de los estupefacientes, una motocicleta reportada como hurtada y dinero en efectivo.
El expendio de estupefacientes se daba en inmediaciones de un mega colegio y varios centros de atención infantil.
Los capturados aparecen junto a una mesa donde se exhiben los elementos incautados como drogas ilícitas, armas de fuego y traumática, dinero y elementos para la dosificación de las sustancias.
Los capturados fueron cobijados con medidas carcelaria en su contra por solicitud de la Fiscalía
Ninguno de los procesados aceptó los cargos endilgados en su contra y ante el abundante caudal de pruebas presentadas, los jueces les impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.