Presunto responsable del homicidio ocurrido el pasado 27 de diciembre en el barrio Diamante en Girardot.
Presunto responsable del homicidio ocurrido el pasado 27 de diciembre en el barrio Diamante en Girardot.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre y una mujer, que estarían  implicados en dos homicidios ocurridos en Facatativá y Girardot (Cundinamarca). Jueces de control de garantías les impusieron a los procesados medidas de aseguramiento en centro carcelario.

El primer caso involucraría a Mónica Zárate Vega Chipatecua, quién al parecer, participó en el asesinato de un hombre, en hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2024 en el barrio Los Laureles de Facatativá. La mujer habría suministrado el cuchillo que se utilizó para atacar a la víctima.

Servidores de la Policía Nacional capturaron a Vega Chipatecua en cumplimiento de una orden judicial, en el barrio 20 de julio de Bogotá.

En otra investigación fue judicializado Jairo Adrián Rodríguez García, quien habría disparado en varias oportunidades a un hombre el 27 de diciembre de 2025 frente a una vivienda del barrio El Diamante en Girardot. El crimen ocurrió cuando el procesado descendió de una moto para entregar un domicilio a la víctima.

La detención de Rodríguez García se realizó en flagrancia y le fueron incautados cinco cartuchos y dos celulares.

En este sentido, fiscales de la Seccional Cundinamarca, les imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; ambas conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos.

 

ALGO/AMCJ/GYSC/RASN/FSC

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.