La Fiscalía General de la Nación judicializó a Lucy Polo Mosquera y Fredy Emilio Perdomo Paredes, por su presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; y falsedad marcaria.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Sección de Análisis Criminal (SAC), con apoyo del Ejército Nacional, durante el desarrollo de dos diligencias de allanamiento y registro en la zona industrial de Neiva (Huila), capturaron a estas personas. Además, se incautó una máquina selladora electromagnética, varias tapas plásticas de diferentes colores, 196 galones plásticos, 304 recipientes y documentos.
Según la investigación, entre el 2023 y 2025 los hoy procesados, en dos establecimientos comerciales, presuntamente, se dedicaban al cambio de filtros y aceites para vehículos y motocicletas.
Al parecer, para cometer la actividad ilegal, utilizaban una máquina selladora electromagnética para reenvasar el lubricante en tarros de marcas reconocidas, el cual era mezclado con otra sustancia de menor calidad y posteriormente vendido como original.
Se evidenció que en dichos locales, presuntamente, se recolectaban o adquirían envases vacíos de aceite de diversas marcas, así como elementos necesarios para la falsificación, incluyendo sellos, tapas y una fuente de calor para su aplicación.
Durante el desarrollo de las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron cargos, un juez de control de garantías impuso a Polo Mosquera medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras que Perdomo Paredes seguirá vinculado al proceso.
WAGG/LMFO/AMCJ/JC/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
