Las víctimas, por las que exigían más de mil millones de pesos, fueron rescatadas por uniformados del Gaula de la Policía Nacional.
Un fiscal de la Seccional Atlántico judicializó a Jhan Carlos Gamboa Jiménez y Yulieth Elizabeth Carvajal Gómez, por su presunta participación en los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron entre el 12 y el 16 de enero del año en curso, cuando las víctimas recibieron mensajes extorsivos en los que, al parecer, los hoy imputados exigían el pago de más de mil millones de pesos. En ese lapso, los familiares alcanzaron a transferir más de 20 millones de pesos a través de operaciones bancarias.
Posteriormente, de acuerdo con el material probatorio recaudado, los imputados habrían interceptado a las víctimas el 17 de enero en un centro comercial ubicado al norte de Barranquilla y las trasladaron hasta el sector de Santa Verónica, jurisdicción de Puerto Colombia (Atlántico), donde permanecieron privadas de la libertad.
Labores de policía judicial, así como actividades de seguimiento, análisis de datos y llamadas, permitieron que uniformados de la Policía Nacional lograran el rescate de las víctimas y la captura en flagrancia de los imputados en el mencionado sector.
Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego, dos cartuchos, cinco celulares, dos tarjetas SIM y un vehículo.
Un juez con funciones de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.
SKCR/AMCJ/GDV/DGA/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
