En un trabajo coordinado entre la Seccional Risaralda, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional, se logró la incautación de 340.8 kilos de sustancia estupefaciente identificada como marihuana en una acción que se cumplió adelante del peaje vía Andalucía Y de Cerritos, en la vía que ingresa a Pereira (Risaralda) desde el Valle del Cauca.
Según la investigación los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2022, cuando uniformados de la Policía requirieron a un vehículo tipo camioneta cerca del puesto de control porque despertó sospechas el peso que aparentaba al desplazarse.
Al parecer, en la inspección al vehículo, personal de Policía Nacional SETRA de Tránsito Regional Pereira halló en el asiento trasero y baúl 341 paquetes que contenían una sustancia que al ser sometida a pruebas resultó positiva para sustancia estupefaciente, marihuana.
En la lucha para combatir el narcotráfico y las estructuras delictivas organizadas, los dos implicados fueron imputados por una fiscal destacada itinerante del equipo integral de la Región Andina; como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de ellos aceptó los cargos.
La camioneta en la cual, al parecer, se habría cometido el ilícito, fue incautada con fines de comiso y se dispuso medida cautelar con suspensión de poder dispositivo del dominio.
En audiencias concentradas un juez de control de garantías ordenó privar de la libertad en lugar de domicilio al conductor del vehículo y al acompañante.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/FAGH/AJBJ/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
