Fueron judicializadas dos personas, presuntamente, implicadas en delitos de extorsión. Se trata de un adulto y adolescente; el primero fue asegurado con detención privativa de la libertad; el segundo, internado en un centro de atención especializado.

Las dos personas son señaladas como presuntos responsables de incurrir en una extorsión contra un comerciante del municipio de Granada (Meta).

Las autoridades fueron informadas sobre las exigencias económicas y diseñaron una estrategia para ubicar a los dos implicados cuando iban a recibir dos millones de pesos, al parecer, producto de la exigencia económica ilegal.

Según se logró establecer, la víctima habría recibido llamadas de quienes aseguraban pertenecer al Grupo de Delincuencia Organizado conocido como Autodefensas Gaitanistas. Las exigencias alcanzarían los $30 millones, so pena de ser asesinado el comerciante y su familia.

El adolescente fue imputado por la Fiscalía por el delito de tentativa de extorsión y le fue impuesta medida de internamiento.

El adulto, por su parte, fue imputado como presunto responsable de los delitos de extorsión agravada tentada en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio, los cuales fueron aceptados.

En el caso del mayor de edad, se logró determinar que este disparó un arma de fuego contra los funcionarios del CTI de la Fiscalía y del Gaula Militar Ariari provocando heridas en uno de los militares, resultando herido en la reacción. Por esto, el procesado debió ser judicializado en un centro médico al que fue trasladado para ser atendido ante la herida que se causó.

La Fiscalía habla con resultados.

 

PYMP/MAGA/LABB

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.