La contundencia del material de prueba presentado por una fiscal de la Seccional Boyacá permitió que un juez de control de garantías de Sogamoso impusiera medida de aseguramiento carcelaria a una pareja, señalada de exigir el pago de cinco millones de pesos a una trabajadora de la salud.

Se trata de Lisabel del Carmen Ojeda Torres y Yimer Rodríguez Casas capturados el pasado 6 de septiembre cuando recibían, dos millones de pesos producto, al parecer, del pago de una extorsión.

Labores de policía judicial evidenciaron cómo el 11 de agosto pasado la víctima y un amigo suyo fueron asaltados, al parecer, por los implicados. En medio del delito, cometido en Sogamoso, la pareja fue atada y sus pertenencias personales les fueron hurtadas.

El 26 de agosto la mujer, víctima del asalto, recibió una llamada en la que un hombre identificado como Yimer le exigió el pago de cinco millones de pesos para no atentar contra su vida o la de su familia. La pretensión fue ratificada mediante mensajes de texto amenazantes.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y de inmediato investigadores del Gaula del CTI de la Seccional Boyacá, apoyados por su componente militar, iniciaron las labores de inteligencia para capturar a los responsables.

La entrega controlada de dos millones de pesos, como parte del pago exigido, se acordó en un lugar público al cual llegó una agente encubierta del CTI, como emisaria de la víctima. Las dos personas fueron capturadas cuento recibían el pago.

Los procesados fueron imputados como coautores de extorsión agravada dolosa en concurso en hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.

 

La Fiscalía habla con resultados.

 

MRB/MAGA/MEC/MRC/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.