Las procesadas fueron capturadas por integrantes del CTI Bogotá, con el apoyo de Gaula Cundinamarca. 

Un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá judicializó a Leidy Johana Guerra Silva y Paula Daniela Neme Guerra, presuntamente implicadas en el secuestro de dos mujeres por cuya libertad exigían una elevada suma de dinero.  

Según la investigación, el plagio se produjo luego de que las víctimas acudieran a un encuentro que personas desconocidas les habían propuesto con el propósito de entregarles un premio de 15 millones de pesos que se habían ganado.  

Labores de policía judicial evidenciaron que la cita fue hecha a través de mensajes de texto enviados a los celulares de las víctimas. Cuando ellas llegaron al lugar pactado fueron interceptadas, al parecer, por las hoy imputadas, quienes en compañía de un hombre las habrían retenido.  

Guerra Silva y Neme Guerra son señaladas de llamar a familiares de las dos mujeres para exigirles el pago de una elevada suma de dinero para no asesinar a las secuestradas.  

Familiares de las víctimas denunciaron el hecho ante el Gaula del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Bogotá, quienes con el apoyo de unidades militares, se desplazaron hasta una estación de transporte público donde se había pactado la entrega del dinero. Allí fueron capturadas las dos mujeres cuando recibían el pago.  

La Fiscalía imputó a las procesadas el delito de secuestro extorsivo, cargo que no fue aceptado. Un juez de control de garantías les dictó a las capturadas medida de aseguramiento. 

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

FAGH/MAGA/CL/LML/SB/MRC/ 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.