Entre los procesados se encuentran dos adolescentes de 17 años.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alexander David Villasmil Trasladino, Nicolás Herrera Rojas y a dos adolescentes, de 17 años, que estarían involucrados en el robo a un conductor de plataforma virtual de transporte en Soacha (Cundinamarca), el pasado 30 de noviembre.
De acuerdo con la investigación, uno de los jóvenes y Villasmil Trasladino solicitaron un servicio para que los trasladaran desde el hospital cardiovascular de Soacha hacía el barrio Sierra Morena en Ciudad Bolívar en Bogotá. Al llegar al lugar, presuntamente, el menor de edad amenazó con un arma cortopunzante al conductor para despojarlo de dinero, un reloj y un celular.
En ese momento, se acerca Herrera Rojas y otro adolescente, quien, al parecer, golpea con un arma de fuego a la víctima en la cabeza hasta ponerla en estado de indefensión y emprende la marcha del vehículo. Minutos más tarde, lo dejaron en un caño.
Las autoridades fueron alertadas del hecho, lograron ubicar el rodante, las pertenencias y capturar en flagrancia a los adultos, y aprehender a los dos menores de edad.
En este sentido, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos hurto calificado y agravado y uso de menores para la comisión de delitos.
En las audiencias concentradas, los adultos no se allanaron a los cargos imputados y fueron afectados con medida de aseguramiento en lugar de domicilio. Por su parte, los jóvenes infractores aceptaron su participación en los hechos y deberán permanecer en un centro especializado de internamiento preventivo.
ALGO/AMCJ/CAHA/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
