Un fiscal de la seccional de Norte de Santander judicializó a cinco personas, presuntamente responsables de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado; y receptación.
Los procesados Wilmer Ramón López Durán, José Armando Pedraza Caicedo, Rafael Enrique Mirabar Higardo, Alfredo Antonio Ríos Pirela y Gustavo Rolón Mendoza, fueron capturados durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, en un operativo conjunto entre la Policía y Ejército Nacional, este 20 de febrero.
Según las indagaciones, los hoy procesados, al parecer, harían parte de un grupo al margen de la ley que delinque en esta zona del departamento y que estaría dedicado a la adquisición, almacenamiento y comercialización ilegal de armas de fuego.
En el lugar las autoridades incautaron tres fusiles, dos pistolas calibre 9 mm, munición de diferentes calibres, proveedores, un teléfono celular y una motocicleta.
La investigación permitió establecer que estas personas presuntamente cumplirían funciones relacionadas con el almacenamiento y ocultamiento de material bélico, así como el abastecimiento logístico para la estructura ilegal.
En audiencias concentradas, un juez con función de control de garantías legalizó las capturas, avaló la imputación de cargos y les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
MPHA/AMCJ/EDBCH/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
