La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas que habrían participado en la extorsión a un ciudadano en Ibagué (Tolima) por una suma superior a los 64.000.000 pesos.
Se trata de Juan Esteban Laverde Sánchez, Karen Tatiana Pachón Moreno, Laura Yeraldine Prieto Rodríguez, Kennyer Joel Mejía Frontado y Andrés Camilo Hernández Moncada, quienes fueron imputados por el delito de extorsión agravada.
En audiencias concentradas no aceptaron el cargo imputado, y por disposición del juez de control de garantías cuatro de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y Hernández Moncada, continuará vinculado al proceso en libertad.
Los hechos ocurrieron entre el 10 y el 11 de febrero de 2025, cuando la víctima habría sido obligada a hacer varios giros distribuidos en siete cuentas bancarias dentro de las cuales figuran las de los hoy procesados. El afectado recibió diferentes llamadas y mensajes de una allegada que fue suplantada.
A través de estos mensajes le solicitaban ayuda para reclamar una encomienda. Luego de acceder a la petición, fue contactado desde diferentes números telefónicos por supuestos funcionarios de la Policía Nacional, indicándole que la mercancía traía dólares en su interior, hecho irregular que era penalizado por la justicia colombiana.
En medio de presiones y amenazas de una supuesta judicialización, la víctima hizo transferencias por 64.918.000 de pesos.
Los procesados fueron capturados por orden judicial en Bogotá y Soacha (Cundinamarca) por parte de la Policía Nacional, por presuntamente haber prestado sus cuentas para recibir dinero producto de un ilícito.
PAAM/AMCJ/ACRB/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
