Un fiscal especializado del Meta imputó cargos a cinco personas como presuntos responsables de los delitos de daño a recursos naturales y ecocidio, invasión de áreas de especial importancia ecológica y urbanización ilegal.
Se trata de Andrés Fernando Osuna Salazar, Dumar Andrés Pinilla Pulido, Bernardo Enrique Prieto Peña, Víctor Manuel López Barbosa y Gustavo Adolfo González Castillo, quienes fueron encontrados en el lugar trabajando con maquinaria.
Esta determinación se dio luego de que los implicados hubieran sido sorprendidos, al parecer, realizando una construcción en el predio Santa Isabel de la Inspección de Pompeya baja, jurisdicción de Villavicencio (Meta).
Labores de Policía Judicial establecieron que los imputados sin permiso de las autoridades competentes, habrían hecho el loteo del terreno para, al parecer, construir una urbanización ilegal.
Según la investigación, esta urbanización ilegal habría generado daño a los recursos naturales; además de propiciar la invasión de áreas de especial importancia ecológica para el sector.
Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de investigadores del CTI de la Fiscalía con apoyo del Ejército Nacional. El Juzgado Promiscuo Municipal de El Calvario (Meta) desarrolló las audiencias concentradas donde fueron legalizadas las diligencias de allanamiento y registro, además de la incautación de bienes que fueron encontrados en el lugar.
En el lugar fue incautada una retroexcavadora y una motoniveladora.
La Fiscalía habla con resultados.
PYMP/MAGA/LABB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
