Por el delito de secuestro y extorsión agravada fueron judicializadas Cielo Johany Mendoza Campo, Diane Mars Rivero y Otoniel Andrade Cordoba luego de que se conociera que, al parecer, estuvieron vinculados en unos hechos en los que privaron de la libertad a una persona en Quibdó (Chocó), entre el 9 y 10 de febrero de 2022.

Los hechos que fueron objeto de investigación, dan cuenta que el padre de la víctima dio a conocer a las autoridades el secuestro de su hijo, quien había sido contactado por unas personas para comprarle unos motores de embarcaciones.

Así que pactó viajar desde Cúcuta (Norte de Santander) donde vive a Medellín (Antioquia), para reunirse con los compradores, pero estos, presuntamente, le dijeron que debían viajar a Quibdó (Chocó). Al parecer llamó a su padre y le indicó que no le harían el pago en Medellín sino en Quibdó y que viajaría por tierra.

Más tarde, presuntamente, se volvió a comunicar con su padre a quien le dijo que ya había llegado a la capital chocoana, pero que estaba en poder de unas personas que le exigían $70 millones de pesos por su liberación.

Al parecer, el progenitor al ver la situación decidió consignar un millón para que no le hicieran nada a su hijo, y pidió que le rebajaran el monto solicitado, por lo que pactaron en $50 millones. Finalmente el padre consignó $3 millones más, y les dijo que no contaba con más recursos. Lo abandonaron amarrado en un árbol de una finca.

De acuerdo con las indagaciones; a nombre de Mendoza Campo y Mars Rivero fueron consignados los $4 millones, mientras que presuntamente Andrade Cordoba estuvo en la retención de la víctima. Los dos últimos fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, y la primera quedó con detención domiciliaria.

La Fiscalía habla con resultados.

 

JLH/DSCH/FAGH/JFAV

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.