La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 21 personas que estarían involucradas en el narcomenudeo en diversos municipios de Santander y Boyacá. Los estupefacientes eran comercializados en pequeñas dosis en espacios públicos.
Inicialmente fueron presentados ante un juez con función de control de garantías, 15 presuntos responsables de tráfico local estupefacientes en zona rural y urbana de Barbosa, Güepsa y Suaita (Santander), además en Santana y Chitaraque (Boyacá).
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los imputados no aceptaron cargos y diez de ellos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y los cinco restantes en su lugar de residencia.
Los procesados fueron capturados en 12 diligencias de registro y allanamiento adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía y Ejército Nacional.
En los operativos les incautaron cuatro celulares, dosis de estupefacientes, y más de 20 millones de pesos en efectivo.
Asimismo, fueron judicializadas seis personas que estarían dedicadas a la comercialización de alucinógenos en Vélez (Santander). Un fiscal de la seccional les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, parte o municiones.
La investigación permitió establecer que los procesados presuntamente comercializaban marihuana y cocaína, en pequeñas dosis, en plazas de mercado y de ferias, polideportivos y parques.
En audiencias concentradas les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
DRA/AMCJ/MR/DSS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
