Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 17 hombres de nacionalidad extranjera que estarían involucrados en extorsiones a comerciantes en zona de frontera en Norte de Santander.
Una fiscal especializada les imputó el delito de extorsión, cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados en el desarrollo de las audiencias concentradas.
Entre los hechos que se les atribuyen se encuentra las exigencias económicas ilegales realizadas semanalmente a un comerciante de frutas del corregimiento de La Parada del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander).
La víctima debía entregarles 220.000 pesos semanales, para no ser objeto de agresiones físicas. Para ejecutar las acciones delincuenciales, los hombres, al parecer, se presentaban como integrantes de un grupo delincuencial.
Estas personas fueron capturadas en flagrancia en un trabajo articulado entre uniformados del Gaula del Ejército y de la Policía Nacional, en un operativo de entrega controlada de los dineros exigidos a la víctima.
Los procesados fueron identificados como: Néstor José Rodríguez Matamoros, Reudys Junior Noriega Rodríguez, Deivis Gerardo Ladino Ladino, Eduardo José Cardozo Caicedo, Jonathan José Henríquez Rodríguez, Yohanny José Ascanio Ascanio, Makol Rafael Ríos Flórez, José Alejandro Arteaga Castellanos; Carlos Yionel Bracho Guedez, José Daniel Arizmendi Fuentes, Yioelmis José Cumana Villarena, Jonas Sahil Garrido Piña, Joseptrh José Vargas Palmero, Gilberto Antonio Ávila Rivas, Francisco Daniel Ramírez Regalado y José Gregorio Galindez Yáñez
MPHA/AMCJ/LCP/EDBC/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
