Bajo la dirección de un fiscal adscrito a la Seccional Boyacá, fueron judicializados 11 presuntos integrantes de los grupos delincuenciales Los Picapiedra y grupo Valle de Tenza que estarían distribuyendo estupefacientes en pequeñas cantidades en tres municipios de Boyacá.

Estos casos fueron priorizados por la Dirección Seccional de la Fiscalía en Boyacá, luego de que se conociera que dichos grupos delincuencial venían afectando la seguridad y salud pública en los municipios de Villa de Leyva, Guateque y Garagoa (Boyacá).

Una vez iniciadas las labores investigativas se identificó e individualizó a los procesados quienes, al parecer, mediante la modalidad de domicilio comercializarían estupefacientes en entornos escolares y lugares públicos.

Labores de agente encubierto permitieron establecer que, por lo menos, dos de los procesados estarían utilizando como fachada una barbería ubicada en Villa de Leyva para allí incurrir en el ilícito.

También fue posible establecer que dependiendo de la cantidad de estupefacientes vendidos los integrantes de la red cobraban entre 15.000 y 70.000 pesos.

Los procesados, entre los quienes se encuentran dos extranjeros, no se allanaron al delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes que les imputó la Fiscalía.

Una vez concluidas las audiencias concentradas ocho de los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en su residencia. Los demás quedaron vinculados al proceso y deberán comparecer en libertad.

La Fiscalía habla con resultados

MARA/MAGA/MEC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004