La Fiscalía General de la Nación judicializó a 11 presuntos responsables que estarían involucrados en la venta ilegal de rifas en espacios públicos en El Colegio y Tocaima (Cundinamarca) en hechos ocurridos desde julio de este año.

La investigación señala que, al parecer, estas personas convocaban a la ciudadanía a través de megáfonos para comercializar de manera ilegal rifas autodenominadas como bonos solidarios en El Colegio y bono paga diario en Tocaima.

En este sentido, una fiscal especializada de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca, les imputó los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento adelantadas por servidores de la Policía Nacional. En las acciones judiciales se logró la incautación de más de 28 millones de pesos, megáfonos, chalecos distintivos, bonos, celulares, una pistola y un vehículo.

Los judicializados son José Efraín Hoyos Córdoba, Oscar Javier Hernández Romero, Diego Mauricio Franco Rodríguez, Darwin Stuart Valencia Urrego, José Guillermo Rodríguez Torrez, Álvaro Enrique Ávila Ramírez, Eleuterio Guarín Garzón, Clara Hortencia Niño Ballesteros, María Patricia Laguna Roa, Michael Stiven Melo Rubio y Jhon Jairo Melo Flórez.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a seis de los procesados. Las otras cinco personas continuarán vinculadas al proceso.

 

ALGO/AMCJ/DCGC/FSC

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.