Haciéndose pasar como representante de aseguradoras y ofreciendo automotores a bajo costo habría engañado a, por lo menos, 19 personas.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar delictivo de Laura Victoria Restrepo Maya, quien sería la articuladora de una estafa en masa mediante la supuesta venta de vehículos a bajo costo que dejó varias víctimas entre 2022 y 2024 en Medellín y Envigado (Antioquia).
La mujer es señalada de hacerse pasar como representante de dos aseguradoras y ofrecer carros supuestamente recuperados y acondicionados luego de ser declarados en pérdida total por accidente.
De esta manera, al parecer, se ganó la confianza de familiares y amigos ofreciendo los automotores en sus redes sociales. Posteriormente, les solicitó dinero para tener cupo en subastas en las que aparentemente serían ofertados los automotores.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, las personas que pagaron, recibieron facturas ficticias y fueron inducidas a entregar dinero para el traspaso, peritajes y otros trámites de rigor. Sin embargo, el tiempo pasó y nunca recibieron los vehículos esperados.
Por estos hechos, Restrepo Maya fue capturada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Un fiscal de la Seccional Medellín la presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de estafa agravada en masa y falsedad en documento privado.
La procesada no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Hasta el momento, la Fiscalía ha acreditado 21 eventos delictivos con 19 víctimas, que comprometen algo más de 422 millones de pesos.
JLH/AMCJ/JARG/EAP/DSM/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
