La información suministrada por los investigados permitió el hallazgo del cuerpo desmembrado de la víctima.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de internamiento preventivo en centro especial para adolescentes en contra de una pareja de menores de 16 y 17 años, como presuntos responsables de torturar y dar muerte a un joven de 19 años en el barrio San José de la Cima de Manrique, nororiente de la capital antioqueña.
Los hechos investigados ocurrieron en la vivienda de uno de los procesados, la madrugada del pasado 18 de junio, cuando, al parecer, Brayan Loaiza Salas, de 19 años, fue atacado mientras dormía.
Los elementos materiales probatorios recopilados permitieron establecer que la víctima habría recibido más de 28 lesiones con arma blanca en el cuello y la cara. Se evidenció además mientras el menor de 16 años atacaba al hoy occiso, su pareja sentimental de 17, sostenía a la víctima de los pies para facilitar el crimen.
Los investigadores determinaron que después del homicidio el cuerpo de Loaiza Salas fue desmembrado en el baño del inmueble.
Horas después del hecho, los presuntos agresores se presentaron ante las autoridades y rindieron interrogatorio ante la Fiscalía con el acompañamiento de su defensa. En la diligencia judicial los menores confesaron su responsabilidad en los hechos y suministraron información sobre la ubicación del cuerpo.
Los adolescentes se allanaron a los cargos imputados por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA), por los delitos de tortura y homicidio agravado.
Esta información se publica por razones de interés general
LFML/ SPUR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
