Las especies de fauna silvestre y marina fueron recuperadas en diligencias realizadas en una vivienda en zona rural de Copacabana (Antioquia).

En la imagen se ve a una mujer capturada y las autoridades que la resguardan.
Martha Yulieth Escobar Urrego a quien se le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y maltrato animal.

Un fiscal del Grupo Especializado contra el Maltrato Animal (Gelma) presentó ante un juez de control de garantías a Martha Yulieth Escobar Urrego, y le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y maltrato animal, los cuales no fueron aceptados.

En diligencia realizada en la casa de la mujer, en zona rural de Copacabana (Antioquia), funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y de la alcaldía municipal fueron encontradas ocho tortugas morrocoy, que presentaban condiciones precarias de salud; y 9 subproductos de fauna marina como corales y caracoles.

Las especies fueron recuperadas y puestas a disposición de las autoridades ambientales para su rehabilitación.

Las tortugas morrocoy están en peligro de extinción debido a la caza excesiva y a la destrucción de su hábitat, y son protegidas por el Convenio sobre el Tráfico Internacional de Especies en Peligro de Extinción (CITES, por sus siglas en inglés). De igual manera, los corales están clasificados como en peligro de extinción debido al calentamiento global y a la sobrepesca, y aparecen en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.