Por otro hecho de maltrato animal fue imputado un hombre que golpeó a una canina en Tolima.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializaron a dos personas señaladas de graves afectaciones a dos perros, en Bello (Antioquia) e Ibagué (Tolima).
Muerte de ‘Monster’
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Paola Andrea Rodríguez Rincón, como presunta responsable de causarle la muerte a un perro de un año y dos meses llamado ‘Monster’, en Bello (Antioquia).
El pasado 9 de junio, en un acto de intolerancia, la mujer arrojó al animal desde el piso 12 de un edificio. En las investigaciones se conoció que Rodríguez Rincón habría actuado de esa manera en represaría con su expareja que puso fin a la relación sentimental y se negaba a reanudarla.
La señalada agresora fue citada en varias oportunidades; sin embargo, no atendió los llamados de la justicia. En ese sentido, fue imputada como personas ausente por el delito de maltrato animal.
Agresión a ‘Juana de Arco’
El 8 de junio del año en curso, en vía pública de Ibagué (Tolima), Mario Pastrana Prieto presuntamente atacó a una canina de nombre ‘Juana de Arco’, que dormía sobre un andén.
De acuerdo con la investigación, el hombre golpeó con un palo la cabeza del animal porque supuestamente había mordido a un familiar. Producto de la agresión, ‘Juana de Arco’ tuvo cambios en su comportamiento, experimentaba miedo cuando tenía contacto con humanos y sufrió menoscabo grave a su salud emocional. Por estos hechos, Pastrana Prieto fue imputado por el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado.
AMCJ/JARG/JMT/GELMA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
