La procesada habría recibido transferencias electrónicas de las cuentas de las víctimas por más de 31 millones de pesos.

En la imagen se ve una mujer detenida bajo custodia de un investigador del CTI, un integrante del Ejército y de la Policía Nacional. Detrás, un backing institucional.
La mujer es señalada de haber participado en la desaparición de tres personas que, desde Suárez, Tolima viajaron en diciembre del año 2023 hacia San Vicente del Caguán, Caquetá, a cobrar un dinero.

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que dan cuenta de la participación de Cristina Vargas Cuellar en el hurto y posterior desaparición de tres hombres en Caquetá. En ese sentido, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las víctimas salieron de Suárez (Tolima), el 23 de diciembre de 2021, con destino a San Vicente del Caguán (Caquetá) para recoger una suma de dinero. Desde entonces se desconoce su paradero.

En el curso de la investigación se conoció que la hoy procesada habría recibido transferencias electrónicas por más de 31 millones de pesos de las cuentas bancarias de los hombres reportados como desaparecidos y 7 siete millones más le fueron girados a través de una billetera digital a nombre de otra persona.

Asimismo, los familiares de las víctimas fueron contactados por supuestos disidentes de las FARC, que les exigieron 60 millones de pesos para entregarles información sobre sus seres queridos.

Por todo lo anterior, Vargas Cuellar fue capturada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, en el barrio Consolata de San Vicente del Caguán. Entre tanto, un fiscal de la Seccional Caquetá le imputó los delitos de desaparición forzada, hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos. Los cargos no fueron aceptados.

 

 

 

 

 

PAAM/MAGA/JARG/LABB/DSC

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.