Las personas que recibían créditos eran contactadas vía telefónica e intimidadas en medio de exigencias de dinero.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a quien sería el principal enlace de una red delincuencial dedicada a la denominada extorsión carcelaria. Se trata de Queila Maryuri Orozco Trujillo, la empleada de un banco de La Dorada (Caldas) señalada de suministrar información relevante sobre potenciales víctimas.
La mujer presuntamente entregaba datos de los clientes de la sucursal en la que trabajaba a integrantes del grupo ilegal, que permanecían privados de la libertad en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana. Con los detalles que recibían suplantaban a las personas y tramitaban créditos a su nombre.
Posteriormente, la empleada bancaria, al parecer, alertaba al cabecilla de la red sobre el momento exacto en el que el dinero solicitado era desembolsado a la cuenta del usuario financiero. De tal manera que era contactado inmediatamente vía telefónica e intimidado en medio de extorsiones.
El material probatorio da cuenta de que Orozco Trujillo tuvo más de 670 comunicaciones con el detenido articulador de la estructura delictiva, en las que habría dado información de sus clientes.
Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.
La procesada no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de domicilio.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
