Entre los crímenes que se le atribuyen se encuentran tres homicidios colectivos en los que murieron 14 personas.  

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jair  Valencia  Solís, integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de, al menos, 19 personas, en zonas rurales de Jamundí, Restrepo y Dagua (Valle del Cauca). 

En ese sentido, fue sentenciado a 22 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.  

La investigación determinó que Valencia Solís, participó en la ejecución de tres homicidios colectivos, ocurridos entre 2020 y 2021 en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de Jamundí y Restrepo, en los que fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un menor de edad.  

Igualmente, se le atribuyó la desaparición forzada y muerte de dos personas. Una de las víctimas era un integrante del Ejército Nacional que fue secuestrado, asesinado y posteriormente ocultaron su cuerpo en una fosa ubicada en la vereda El Placer, en Dagua (Valle del Cauca), en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2021.   

En el mismo sentido, fue declarado responsable del homicidio de dos personas dedicadas a la minería el 15 de marzo de 2021. Así como el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido el 29 de junio de 2020. Los dos hechos ocurrieron en zona rural de Jamundí. 

El juez avaló la negociación judicial  y ordenó que Valencia Solís cumpla la sentencia en centro penitenciario, sin ningún tipo de beneficio. 

 

La decisión quedó en firme.  

 

MAP/DSC/CM/AMCJ/ 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004