Los productos eran comercializados en almacenes de las localidades de Puente Aranda y La Candelaria, en Bogotá.En los procedimientos también fueron hallados cartuchos y dinero en efectivo.

En una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional fueron intervenidos ochoinmuebles en los que eran vendidos uniformes, prendas y accesorios similares a los que utiliza la fuerza pública, que simulaban los productos confeccionados y elaborados por industrias nacionales e internacionales que tienen aval para ejercer estas actividades.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los barrios San Rafael, localidad de Puente Aranda; y La Candelaria, en el centro de Bogotá.

En los procedimientos se hallaron dos toneladas de textiles y otros elementos, representados en 51 unidades de gafas deportivas, 522 pares de guantes tácticos, 4 uniformes completos tipo militar, 1.250 pendras y artículos similares a los usados por las fuerzas militares, 268 pantalones tácticos tipo camuflado, 165 pavas pixeladas tipo desierto, 325 gorras con insignias de la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional; y 145 cintas tipo cordón para porta carné con los escudos de diferentes autoridades.

Adicionalmente, se encontraron 250 cartuchos 9 mm para arma traumática, 297 cartuchos de seguridad de diferentes calibres, siete pistolas plásticas para entrenamiento con proveedores extraíbles, 1.108 armas cortopunzantes y 5’116.000 pesos en efectivo.

Un fiscal del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acudió ante un juez de control de garantías, y obtuvo aval judicial sobre las diligencias y todo lo incautado. Las investigaciones seguirán por usurpación de los derechos de propiedad industrial y utilización ilegal de uniformes e insignias.

LMFO/JARG/HOS/DECVDH/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.