El cargamento fue descubierto en un puesto de control, en María La Baja (Bolívar). Estaba camuflado en un vehículo de carga que llevaba banano tipo exportación.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y el CTI; y el trabajo articulado con la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la agencia estadounidense DEA, permitieron identificar un camión que trasladaba estupefacientes y se movilizaba por la Troncal del Caribe rumbo a la zona portuaria de Cartagena (Bolívar).
En María La Baja (Bolívar), el vehículo fue interceptado. En la inspección se encontraron cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína, las cuales estaban camufladas entre cajas de banano tipo exportación.
El alijo arrojó un peso exacto de 1.950 kilogramos de estupefaciente. Las evidencias dan cuenta de que pertenecería al ‘Clan del Golfo’ y, al aparecer, iba a ser embarcado con destino final a Ámsterdam, en Países Bajos.
En el procedimiento fue capturado el conductor del automotor, identificado como Diego Armando Rodríguez Bermúdez. Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
De igual manera, la Fiscalía obtuvo la legalización del procedimiento de incautación y medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo sobre el vehículo. Las investigaciones continúan para dar con los responsables de las casi dos toneladas de cocaína.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/JARG/MRC/DECN/CTI.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
