Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al ex secretario de seguridad y justicia, Carlos Fernando Rojas Cruz y al contratista Fernando Céspedes Martínez, por supuestas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de cámaras de vigilancia de Cali (Valle del Cauca).
Los hechos materia de investigación vinculan a los hoy imputados con la suscripción de un convenio interadministrativo el 9 de diciembre del 2020, que tenía como objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos en el mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica y Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (Sies), del distrito de Santiago de Cali, incluyendo suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración, configuración y mano de obra”. El valor del contrato era de $5.743.190.018.
Según la Fiscalía, se habrían desconocido las normas aplicables a la contratación, toda vez que, al parecer, no se verificó la capacidad técnica para desarrollar el contrato y para dar cumplimiento al objeto contractual porque se habría acudido a la subcontratación con una unión temporal, la cual, supuestamente, fue suscrita el mismo día de la firma del convenio.
Por lo anterior, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali le imputó al exsecretario, Rojas Cruz, y al contratista Céspedes Martínez, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
