La Fiscalía General de la Nación imputó —ante un juzgado de control de garantías—  a 21 supuestos integrantes de una organización dedicada al hurto de viviendas en sectores de la Sabana de Bogotá como Chía (Cundinamarca), Cunday y Espinal (Tolima), así como en Tunja (Boyacá).

De acuerdo con la investigación adelantada por agentes encubiertos, los presuntos delincuentes ingresaban a las casas y  fincas para apoderarse de joyas y dinero de familias prestantes, a las cuales les hacían estudios previos de su perfil económico y social.

Según indicó la fiscal del caso, al jefe de la organización, identificado como Mauricio Pineda Sedano, les fueron imputados los delitos de secuestro, tortura, cohecho por dar u ofrecer, perturbación sobre bien inmueble en concurso con hurto, tentativa de hurto y  porte ilegal de armas y municiones.

Los otros procesados responden a los nombres de Carlos Salazar Pineda, Andrés Uriel Zamudio López, Jorge Alirio Parra, José Lisandro Arrieta Manjares, Yeison Jiménez Correa, Oscar Eduardo Rueda Tejero, Jairo Puertas Saavedra y Antonio Vélez, entre otros.

De la misma forma, fueron identificados en audiencia pública, los tres uniformados de la Policía Nacional activos Fredy Arnoldo Mujica Téllez, Martín Ureña Rolón  y Wilmar Fabián Luna Ramírez.

“Ingresaban violentamente, de manera injusta, inhumana y desmedida, sin importar que estuvieran presentes menores de edad, ancianos o personas enfermas, y se apoderaban del dinero y joyas de las cajas fuertes”, sostuvo la fiscal al justificar la necesidad de la medida.

Agregó que “los hechos se registraron entre el 2015 hasta la fecha, tiempo en el que alcanzaron hurtos superiores a los 1.400 millones de pesos, para lo cual utilizaban automotores, motocicletas y radio teléfonos”.

La fiscal anotó que como pruebas aparecen los testimonios de varios funcionarios activos de la estación de Policía de Funza (Cundinamarca), quienes observaron las continuas discusiones entre los uniformados implicados por problemas en la repartición del dinero.

La medida de aseguramiento en centro carcelario será definida el próximo martes 6 de junio por el juez de garantías.

 

 

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