Un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander imputó cargos a 15 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Coyotes, dedicada al tráfico de migrantes a lo largo y ancho del país.
El material recaudado permitió establecer que está organización facilitaba la entrada y salida por territorio colombiano de personas extranjeras, quienes ingresaban por trochas de pasos fronterizos con Ecuador y Venezuela y que tenían como destino a países de Sur y Centro América.
Los imputados, ante la orden de captura vigente en su contra, se presentaron voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía y el Ejército Nacional en los departamentos de Santander, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Nariño y la capital del país. Fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con la investigación, dicha organización cobraba sumas entre 150 y 300 dólares para garantizar su paso por Colombia, en donde les garantizaban transporte vía terrestre, hospedajes, comida y el traslado al país elegido.
En marzo pasado se logró la captura de otros 54 presuntos integrantes de esta estructura delincuencial, quienes fueron judicializados y cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Los imputados son: Yamir Harlinson Villa, Víctor Hernán Vélez (quienes se allanaron a cargos), Néstor Mauricio Rubiano, Luis Enrique Contreras, Andres Alberto Vargas, Estid Jiménez, Kevin Jaiber López, Jorge Alirio Cano, Edwin Javier Medina, Iván Darío Sánchez, Luis Humberto Gómez, Exiodo Cano Vargas, Jaime Yurbey Amaya, Juan David Gómez y Sebastián Moreno.
En total han sido judicializadas 69 presuntos integrantes de esta banda en lo corrido del año.
La Fiscalía habla con resultados
DRA/CFG/ODA/DSSDER
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
