En uno de los hechos una canina fue atacada con un arma cortopunzante por lo cual el animal perdió parte de su visión.
Por su presunta responsabilidad en las afectaciones causadas a animales en La Ceja (Antioquia) y Mitú (Vaupés), fiscales adscritos al Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializaron a dos personas.
Muerte de ‘Tigre’
El primero de los hechos ocurrió el pasado 21 de abril en el sector de la Bocatoma en Mitú (Vaupés), cuando en un aparente acto de intolerancia, James Alexis Chagres Torres habría agredido con un arma cortopunzante a un canino llamado Tigre.
El material de prueba recaudado da cuenta que Tigre se tropezó con el animal de compañía de Chagres Torres; quien molesto, al parecer, atacó al canino causándole heridas en la columna.
El animal fue trasladado a un médico veterinario pero las heridas causadas afectaron la movilidad en las patas delanteras del perro; e hizo que perdiera el control de esfínteres. Por el mal estado de salud, fue necesario que le fuera aplicada la eutanasia humanitaria.
La Fiscalía imputó a Chagres Torres el delito de maltrato animal agravado.
Ataque a ‘Katy’
Por su presunta responsabilidad en la agresión a una canina llamada Katy, un fiscal Gelma imputó a Albeiro Tobón Botero el delito de maltrato animal. Los hechos investigados se registraron el pasado 17 de enero en la vereda La Playa en La Ceja (Antioquia) donde el procesado habría causado heridas de gravedad con un arma blanca.
El animal fue traslado a un veterinario para su atención. Como consecuencia de la agresión la canina perdió el 75% de la visión en uno de sus ojos.
Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/MAGA/AG/GELMA/MCR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
