Ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Jamundí (Valle del Cauca), un fiscal de Administración Pública formuló imputación de cargos en contra de Edgar Yandy Hermida, alcalde de esa población en el período 2018 – 2019, y de César Augusto Rodríguez Luligo, secretario general de la Alcaldía para ese entonces, por su presunta responsabilidad en el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La investigación se relaciona con las posibles inconsistencias detectadas en el convenio interadministrativo No 34-15-02-068 del 18 de marzo de 2019, celebrado entre Hermida, como mandatario local del municipio de Jamundí, y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Edured), por una cuantía de $1.130.000.000, para actualizar herramientas tecnológicas (hardware y software) de la alcaldía.
Se evidenció que, a través del secretario general, se habrían elaborado los estudios previos de conveniencia y oportunidad para justificar la necesidad de tramitar dicho convenio.
El ente investigador halló irregularidades en la planeación debido a que, para el momento del análisis del requerimiento, la administración no contempló previamente la formulación del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (Peti), que es la pauta para determinar el diagnóstico de la necesidad de la entidad y el presupuesto para el proyecto.
Según las evidencias recopiladas, el contrato no cumplía con los requisitos legales esenciales, correspondientes a los principios de planeación, transparencia y selección objetiva.
La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.
JGPV/AR/DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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