Ante un juez de control de garantías, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, imputó cargos en contra de dos funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena y un particular, por su presunta responsabilidad en el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
La decisión judicial afectó a Armando Luis Córdoba Julio, secretario de Participación y Desarrollo Social, Adelfo Doria Franco, director Administrativo de la Oficina de Talento Humano y al contratista Jonathan Mauricio Ortiz Arnedo.
Los hechos investigados, ocurrieron en el año 2020, y están relacionados con las supuestas irregularidades en la tramitación, aprobación y celebración de un contrato de prestación de servicios suscrito entre la Secretaría de Participación y Desarrollo Social con el abogado Ortiz Arnedo, para desarrollar proyectos de inversión relacionados con la atención integral de los adultos mayores en Cartagena.
Adelantado el proceso se logró establecer, que la contratación, al parecer, se realizó sin que el profesional de derecho aportara sus acreditaciones de estudios, de experiencias laborales y certificados de las entidades de control y contra él pesa una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 11 años emitida por la Inspección Cuarta de la Policía Nacional desde el 2014.
Así mismo, se evidenció durante la investigación, que Córdoba Julio durante la etapa de trámite no le habría exigido a Ortiz Arnedo esos documentos reglamentarios y que Doria Franco, según parece, aprobó y celebró el mentado contrato sin evaluar, constatar ni exigir los soportes correspondientes.
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La Fiscalía habla con resultados
MEVA/MG/LV/RJGD/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
