La Fiscalía formuló cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales a Euclides Dussán García, exasesor de despacho de la Alcaldía de Neiva y a Andrés Felipe Tamayo Polanía, quien fue asesor jurídico externo de esta misma administración.
Según la investigación, entre octubre de 2008 y febrero de 2009, Dussan García al parecer tramitó y celebró ocho contratos de obra pública (No. 010, 011,012,31,32,33,47 y 48 de febrero de 2009) por un valor de 1.258.921.260 sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los mismos, destinados a la construcción de 206 baterías sanitarias en zona rural de Neiva.
De esta forma, omitió el procedimiento de licitación pública llevando a cabo dos procesos menos rigurosos: el No. 050 y 057 de 2008 de selección abreviada de menor cuantía, basándose en estudios previos incompletos, presupuestos de obras parciales sin estudios de conveniencia del objeto a contratar y con fundamento en un mismo rubro presupuestal soportado en un solo proyecto.
Lo que hace presumir, con base en el material probatorio recaudado, que celebró los contratos con el propósito de favorecer a los contratistas.
Por su parte, Tamayo Polanía, en sus funciones como asesor jurídico externo, tenía la obligación de que los procesos de contratación se ajustaran a las normas vigentes, lo cual presuntamente no cumplió, validando las irregularidades presentadas en los estudios y documentos para dichos contratos y al parecer procediendo a la selección de menor cuantía de los dos contratos mencionados hasta adjudicarlos.
Ninguno de los procesados se allanó a cargos.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
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DSH/LMGM/CFG/DSPB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
