Otro exfuncionario y un excontratista de la administración municipal también fueron vinculados a la investigación. El proceso contractual cuestionado se habría tramitado durante el periodo de Ley de Garantías y desconocido varios requerimientos legales.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales al exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; al exdirector Técnico de la Secretaría de Infraestructura de Medellín, Rubén Darío López Giraldo; y al excontratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en un contrato interadministrativo de adecuación del espacio público y reparcheo de vías, celebrado entre el 28 y 29 de junio de 2023.
El proceso contractual cuestionado, que ascendió en valor a 16.000 millones de pesos, fue suscrito por la Secretaría de Movilidad y delegó al Sistema de Transporte Masivo (Metroplús) la demolición de estructuras existentes, excavaciones y movimientos de tierra, construcción de obras complementarias y de urbanismo, adecuación de andenes y bahías, mantenimiento de pavimentos rígido y flexibles, y rehabilitación de corredores viales en la comuna 10 de Medellín, en los barrios Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.
Dichas obras, por ser de carácter civil, debían gestionarse a través de la Secretaría de Infraestructura Física, con el apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros, y no podían estar a cargo de la Secretaría de movilidad por carecer de competencia, en el entendido de que es la encargada de la semaforización y señalización de las vías.
En el curso de la investigación se acreditó que la contratación se tramitó en la modalidad de selección directa y no se abrió un proceso de licitación pública. Adicionalmente, no contó con un análisis riguroso del sector y en los estudios previos no se justificó el presupuesto oficial o valor de contrato.
Finalmente, se estableció que el contrato se suscribió en vigencia de la Ley de Garantías, que prohíbe a gobernadores, alcaldes y secretarios de despacho la celebración de contratos y/o convenios administrativos cuatro meses antes de elecciones.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que López Giraldo, al parecer, puso al servicio sus conocimientos y rol como funcionario de la Secretaría de Infraestructura para la elaboración del estudio previo, análisis del sector, la matriz de riesgos y la carga del proceso contractual en la plataforma SECOP II.
Por su parte, Ortega Mateos como contratista de prestación de servicios habría brindado apoyo a la Secretaría de Movilidad de Medellín para la firma del contrato.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
