Por este hecho también fue judicializada una funcionaria del Sisbén.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Tunja (Boyacá) Arturo José Fructuoso Montejo Niño (periodo 2008-2011), presuntamente implicado en posibles irregularidades en la ejecución de un convenio interadministrativo y en la suscripción de un contrato para realizar encuestas para el Sisbén. En desarrollo de esta misma investigación también fue judicializada Claudia Fanny Barajas Bautista, asesora del referido programa y supervisora del contrato.
Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública imputó a los investigados los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Al parecer, Montejo Niño, como ordenador del gasto y representante legal de la capital boyacense, avaló el contrato que ampliaba la realización de las encuestas que determinarían los beneficiarios del SISBEN III en Tunja.
La investigación estableció que el 6 de agosto de 2010 y con vigencia de tres meses y medio, la administración local suscribió un convenio con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) que, con recursos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), asumiría los costos de la aplicación de las encuestas.
La investigación determinó que el desembolso del dinero se cumplió, pero la Alcaldía realizó la contratación con posterioridad a la culminación del convenio, el cual no fue renovado. De la misma manera, se determinó que el proceso de realización de las encuestas no cumplió con los parámetros establecidos por el DNP, entre otras eventuales irregularidades.
Ante el incumplimiento, el dinero debió ser restituido al Fonade, por lo que el pago de la contratación de las referidas encuestas se surtió con recursos propios, constituyéndose en un detrimento patrimonial para el municipio.
MARA/AMCJ/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
