Los procesados habrían intercedido y facilitado las condiciones para la adjudicación de un contrato por 1.065 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Elsy Mirella Pinzón Barrera, asesora jurídica de una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado de la República; a Héctor Mario Amar Gil, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE); y a Héctor José García Santiago, exrepresentante legal de una empresa de servicios informáticos.

Estas tres personas estarían involucradas en las irregularidades detectadas en un contrato suscrito en agosto de 2017, que tenía por objeto garantizar el bodegaje, custodia, actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo del Fonade.

Los elementos de prueba dan cuenta de que, al parecer, hubo un acuerdo para ajustar los términos del contrato a las características, experiencia y capacidad de la empresa representada por el señor García Santiago.

Asimismo, se conoció que el proceso contractual se hizo por convocatoria privada, al que fueron invitados tres oferentes, aspecto contrario a lo definido en la Ley 80 de contratación pública.

Dos de los participantes fueron descartados por no contar con garantías de seriedad en su propuesta; sin embargo, el ganador, presuntamente, no cumplía los requisitos de evaluación y no aportó la póliza dentro de los términos legales. Finalmente, le fue entregado el contrato, cuyo monto ascendió a $1.065’617.000.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los supuestos involucrados el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por los investigados.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

LAGP/JARG/EAC/MRC


La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.