Carlos Eduardo Mora González aceptó haber participado en la identificación del sitio donde se cometió el homicidio y puesto a disposición un vehículo utilizado para trasladar a otros involucrados que entregaron el arma de fuego al menor de edad que disparó contra la víctima.
Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Carlos Eduardo Mora González aceptó haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Un juez penal especializado avaló los términos de la negociación judicial. En ese sentido, el procesado cumplirá una pena de 21 años de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
De acuerdo con la investigación orientada por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora González estuvo involucrado en la organización logística del ataque. Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.
Su participación en el plan criminal estuvo mediada por un ofrecimiento de cinco millones de pesos.
Las pruebas obtenidas en el curso del proceso indican que, entre enero y junio de este año, hizo parte de un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y a los homicidios selectivos. Con la fachada de conductor de plataformas virtuales de transporte movilizó armas y estupefacientes.
La lectura de la sentencia por parte del juzgado de conocimiento se realizará en marzo de 2026.
AMCJ/JARG/DJR/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
