La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) a nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los de la R’.
Se trata de Miguel Ángel Jaramillo Acosta, María Paula Ospina Ramírez, Juan Pablo Plaza Múnera, Jhon Manuel Clavijo Calderón, José Aldemar Cruz, Claudia Patricia Restrepo Soto, Bernardo Mesa Arana, Sandra Milena Castrillón Flórez y Jhoan Sebastián Castañeda Gallego.
A esta red criminal se le atribuyen múltiples delitos cometidos en bares y discotecas de los barrios Alto Bonito, La Revolución, Santa Bárbara, Uninorte, San Antonio, Jorge Eliecer Gaitán, La Julia y La Merced. En estos lugares los integrantes de Los de la R vendrían comercializando estupefacientes. También estarían relacionados con seis homicidios ocurridos entre el 8 y 10 de agosto de 2025.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la Policía Nacional capturaron a los procesados en diligencias de registro y allanamiento realizadas el pasado 19 de febrero. Uno de los señalados implicados fue detenido en flagrancia. En los operativos se incautaron estupefacientes, elementos para dosificar de sustancias ilícitas, celulares y dinero en efectivo.
Según su aparente participación individual, un fiscal seccional imputó a los investigados con delitos como: concierto para delinquir agravado por darse para cometer homicidio; fabricación, tráfico o porte de estupefacientes; homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Cargos que no fueron aceptados.
Los presuntos fueron afectados con medidas de aseguramiento en centros carcelarios.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
