‘Los 5G’ serían responsables de, al menos, ocho hurtos cuyos montos superarían los 13 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías de Cali (Valle del Cauca) a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial Los 5G, responsable de hurtos en el Centro de la capital vallecaucana.
Durante diligencias de registro y allanamiento uniformados de la Sijín de la Policía Nacional capturaron a Brayan Alexander Ortiz Rivera, alias Ochoa, señalado cabecilla del grupo ilegal; Astrid Yheraldi Guerrero Flores, alias Yheral; Héctor Fabio Montoya Bustos, alias El Indio, Lorena Rojas Rivera y Diego Fernando Fernández Correa.
La Fiscalía estableció que Los 5G delinquían en el centro de la Cali, donde incurrían en actividades de hurto, algunas veces violento, otras mediante la modalidad de cosquilleo, también estarían dedicados a la receptación de celulares.
Los presuntos integrantes del grupo ilegal intimidaban a las víctimas con armas de fuego o cortopunzantes para luego despojarlas de sus celulares, y demás pertenencias. A ‘Los 5G’ se le atribuyen su participación en, al menos, ocho ilícitos cuyo monto total supera los 13 millones de pesos. Estos hechos ocurrieron entre octubre de 2024 y mayo del presente año.
A esta red ilegal también se le atribuye el comercio ilícito de equipos móviles, que eran reportados como robados. Durante la captura de los procesados fueron incautados 7 celulares, munición, estupefacientes y dinero en efectivo.
Por petición de la Fiscalía, el juez del caso impuso medida de aseguramiento en centros carcelarios contra los procesados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
