La sustancia era camuflada en cargamentos de abono para cultivos agrícolas y en encomiendas que era transportada a diferentes regiones del país.
Actividades investigativas detectaron una red que estaría traficando desde Ecuador hacia Colombia clorato de potasio, una sustancia que sirve como insumo para la fabricación de explosivos.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a tres de sus presuntos integrantes; se trata de Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio UsamakVásquez.
De acuerdo con la investigación, entre 2024 y 2025 Prado Rosero y Marcial Maya habrían facilitado el ingreso irregular de este material para su posterior distribución en diferentes regiones del país. La sustancia era camuflada en cargamentos de abono para cultivos agrícolas que se transportaban en camiones y en envíos de transportadoras.
Por su parte, Usamak Vásquez, quien trabajaba en una empresa de envíos y encomiendas, habría utilizado su rol para posibilitar la logística de la actividad ilegal. El procesado presuntamente coordinó y verificó, al menos, 20 despachos del clorato de potasio, contribuyendo a mantener operativa la cadena del tráfico del material.
Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
En el desarrollo de las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron el cargo y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
La Fiscalía ha judicializado a 29 señalados integrantes de esta red en el territorio colombiano y logrado la incautación de más de 7 toneladas de material explosivo.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/AMCJ/GG/DECOC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
