Luego de avalar el material probatorio presentado por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Risaralda, un juez de control de garantías ordenó privar de la libertad, tres en centro carcelario y dos en sus domicilios; a cinco presuntos integrantes de la organización Security que, al parecer, estarían implicados en por lo menos tres hurtos violentos.
Se trata de James Villegas Figueroa, alias Tacones; Óscar Amaya Buitrago, alias Ñoño; Rubián Aicardo Martínez Vergara, alias Yiyo; Luis Arturo Gómez Rojas, alias Gómez el escolta, y Henry Morales Figueroa, alias El Karateca.
La investigación da cuenta de que la red delincuencial, al parecer, buscaba ubicar a varios de sus integrantes en empresas y posiciones determinadas que les permitieran obtener información privilegiada de la compañía para, posteriormente, establecer la manera de hurtar dinero y elementos de valor.
Según se pudo establecer, los actos delictivos se presentaron durante los años 2020 y 2021 en Pereira y Santa Rosa de Cabal. El cálculo preliminar de lo hurtado en desarrollo de estos delitos fue calculado en cerca de 460 millones de pesos.
Los procesados fueron capturados por uniformados del CTI y la Policía Nacional el pasado 2 de agosto en vía pública de Pereira y Santa Rosa de Cabal.
Los procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado y secuestro simple.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/AMBV/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.