Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Moreno Guapacho y Óscar Fabián González Arias, por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos hombres y las graves heridas ocasionadas a otro, en hechos distintos ocurridos en Chaparral e Ibagué (Tolima).

En la imagen se ve un hombre detenido bajo custodia de dos integrantes de la Policía Nacional. Detrás suyo un backing institucional.
William Moreno Guapacho fue privado de la libertad por los delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego.

Inicialmente fue judicializado Moreno Guapacho, quien el 23 de enero de 2022, en un balneario ubicado en zona rural de Chaparral (Tolima), al parecer, le disparó a dos hombres en medio de una riña. Una de las víctimas falleció y otra resultó gravemente herida.

Por su parte, González Arias, el 25 de octubre de 2021, en el barrio Calarcá de Ibagué, presuntamente, atacó con arma cortopunzante a un hombre, quien falleció en un centro asistencial. Los hechos ocurrieron después de que se presentara un altercado entre víctima y victimario.

Hombre mirando la cámara y una pared blanca de fondo con una franja amarilla vertical.
Óscar Fabián González Arias, durante la audiencia de imputación de cargos.

Fiscales de la Seccional Tolima los imputaron, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

PAAM/LMFO/AMCJ/ACRB/DST

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.