La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a cuatro hombres que estarían involucrados en agresiones a sus familiares en hechos registrados en Circasia, Calarcá y Armenia (Quindío).
Fiscales seccionales los judicializaron, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y violencia intrafamiliar. Los procesados fueron afectados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Uno de los hechos ocurrió el 14 de octubre del año en curso en Circasia, cuando Jhon Mauricio Dosman Tabares, al parecer, amenazó de muerte con un arma cortopunzante a su padre de 73 años. El hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
En otro de los hechos, Jairo Andrés Cabrera Salgado habría ejercido violencia sistemática contra su pareja sentimental en diferentes barrios de Armenia. El acto más reciente se presentó el cuatro de julio cuando la víctima fue presuntamente agredida por expresar su deseo de terminar la relación.
De otra parte, Omar Eduardo Quiñonez Castañeda presuntamente sometió a violencia verbal y física durante los últimos siete años a sus familiares en Armenia. El material de prueba da cuenta de que uno de los hechos que se le atribuyen ocurrió el 13 de noviembre del 2024, cuando al parecer agredió a su madre de 77 años, y a una hermana.
Finalmente, el pasado 27 de octubre, Ricardo Bustamante Martínez, al parecer, agredió físicamente a su hija en un acto de intolerancia ocurrido en el barrio Santander de Calarcá. El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional y aceptó los cargos endilgados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
