El hombre se habría ganado su confianza luego de que el taxista lo transportara varias veces en el vecino país. Así lo convenció para que viajara a Colombia por un supuesto buen negocio.
Un hombre identificado como Jann Carlos Motta Martínez, fue enviado a la cárcel por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado, tras ser sorprendido en flagrancia con su víctima.
El hombre sería responsable de privar de la libertad a un taxista ecuatoriano que, por medio de una aplicación de servicio de transporte particular era contactado por él en Quito, Ecuador, ganándose así su confianza.
El hoy detenido le ofrecería préstamos de dinero insistentemente, logrando convencerlo finalmente de viajar a La Hormiga (Putumayo) el 12 de octubre de 2023, donde le presentó a un hombre con el que acordó prestarle la suma de un millón de dólares.
Posteriormente, el 20 de octubre del año en curso, la víctima viajó de nuevo a Colombia, esta vez a Pitalito (Huila) para hacer efectivo el préstamo, siendo recogido por Motta Martínez en moto y trasladándolo a la vereda El Higuerón donde lo intimidaría con arma de fuego, y lo pondría en estado de indefensión atándolo de pies y manos y amordazándolo. Luego llamó a la esposa del taxista a quien le exigió la suma de 30 mil dólares.
El taxista permaneció en cautiverio por seis días, hasta que, por medio del trabajo investigativo de las autoridades se logró dar con su paradero el 26 de octubre, gracias a la verificación de cámaras de seguridad de establecimientos públicos de la zona que permitió hacer seguimiento a la ruta que tomó el secuestrador con su víctima.
Durante su captura se le halló un arma traumática y un celular.
La Fiscalía habla con resultados
PAAM/LYBT/EP/DFHI/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
