El procesado era trabajador y cuidador de un inmueble de propiedad de la víctima.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Érick Alberto Girón Ramos, uno de los presuntos implicados en el secuestro de la mamá de la exalcaldesa de Pore (Casanare), ocurrido el 23 de septiembre de 2025.

La víctima de 67 años realizaba labores de campo en su finca, cuando varios hombres armados, que se identificaron como integrantes de un grupo armado ilegal, la abordaron y se la llevaron en contra de su voluntad en un vehículo de su propiedad. La mujer permaneció retenida durante varias horas en un inmueble, mientras los familiares recibían llamadas extorsivas en las que les exigían el pago de 250 millones de pesos a cambio de su liberación.

La investigación da cuenta de que Girón Ramos, quien se desempeñaba como trabajador y cuidador del predio de la madre de la exmandataria municipal, habría suministrado a los secuestradores información sobre los movimientos y rutinas de su jefe, y permitido el ingreso al bien para facilitar el actuar ilícito.

En atención a los elementos materiales probatorios que lo involucrarían en lo sucedido, un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, el cual no fue aceptado.

Esta es la quinta persona judicializada en este caso. Se suma a Ramón Alirio González Niño, Jhohantony José Niño Bustamante, Daniel Aníbal Villamizar Dueñez y Heiler Daniel Cocuy Duarte, imputados y asegurados por los delitos de secuestro extorsivo agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

LAZL/AMCJ/LCHG/APS/DSC

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.